DER01-Solicitud de informe de vulnerabilidad para regularización extraordinaria para personas migrantes

OBJETO DEL TRÁMITE

La finalidad del presente trámite es la emisión de un informe de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria para personas migrantes.

El informe NO es obligatorio cuando se pueda acreditar:

• Haber trabajado, por cuenta ajena o cuenta propia durante su permanencia en España, o acreditar intención de trabajar por cuenta ajena presentando una oferta de trabajo, o por cuenta propia, a través de la presentación de una declaración responsable.
• Permanecer en España con su unidad familiar, siempre que esté compuesta por hijos o hijas menores de edad o mayores de edad que tengan una discapacidad o ascendientes de primer grado con los que convivan.

Los criterios de valoración de situación de vulnerabilidad son los siguientes:

1. Aislamiento social o falta de red de apoyo.
2. Situación de sinhogarismo o vivienda precaria.
3. Víctima de discriminación o exclusión social.
4. Carencia de ingresos suficientes.
5. Situación de pobreza o riesgo de exclusión económica.
6. Dificultad de acceso al empleo.
7. Personas a cargo (menores de edad, dependientes).
8. Unidad familiar en situación de vulnerabilidad.
9. Monoparentalidad en contexto de precariedad.
10. Riesgos psicosociales.
11. Exposición a situaciones de explotación o abuso. 

Para determinar que la persona solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad, será necesario que concurran varios de los criterios descritos anteriormente y acreditarlos de forma adecuada.

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR

Cualquier persona física migrante en situación irregular o su representante legal.

PLAZO DE SOLICITUD

Desde el 20 de abril hasta el 30 de junio de 2026

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Junto con la solicitud, se deberá adjuntar la documentación que seguidamente se relaciona, dependiendo de la situación en que se encuentre. 

1. Aislamiento social o falta de red de apoyo.

• Declaración responsable de situación (SER19A)

2. Situación de sinhogarismo o vivienda precaria.

• Informe policial de situación de sinhogarismo.
• Documentación acreditativa de encontrarse en proceso de desahucio.
•  Comunicación de finalización de contrato.

3. Víctima de discriminación o exclusión social.

• Declaración responsable de situación (SER19A).
• Informe de entidades del Tercer Sector (Cruz Roja, Cáritas, etc.).
• Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género.

4. Carencia de ingresos suficientes.

• Declaración responsable (SER19A)  de medios de vida de la persona solicitante y de la unidad de convivencia.
• Extracto de cuentas bancarias de los últimos 5 meses y saldo actual de todas las cuentas bancarias de todos los miembros de la unidad de convivencia.
• Certificado de pensión del año vigente y justificante bancario en el caso de percibir pensión de país extranjero.

5. Situación de pobreza o riesgo de exclusión económica.

• Informe de intervención de entidades del Tercer Sector (Cruz Roja, Cáritas, etc.).

6. Dificultad de acceso al empleo.

• Certificado del Labora donde se acredite situación de formación.
• DARDE (Tarjeta de Demanda de Empleo)

7. Personas a cargo (menores de edad, dependientes)

• Libro de familia completo o documento que lo sustituya.
• Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad.
• Certificados de escolarización de los hijos menores de edad.
• Informes médicos o informes de reconocimiento de discapacidad.

8. Unidad familiar en situación de vulnerabilidad.

• Contrato de vivienda y tres últimos recibos pagados.
• Último recibo pagado de hipoteca.
• Los tres últimos recibos de suministros energéticos de la vivienda.

9. Monoparentalidad en contexto de precariedad.

• Sentencia de separación o divorcio, convenio regulador, justificante bancario en caso de pensión alimenticia y/o compensatoria, demanda de ejecución de sentencia o denuncia por impago de pensión.
• Autorización paterna o materna de entrada de la persona menor de edad en España.

10. Riesgos psicosociales.

• Informes médicos y/o psicológicos.
• Informes de los Servicios Sociales municipales de otros ayuntamientos.

11. Exposición a situaciones de explotación o abuso.

• Informe policial.
• Informe de intervención del programa ALBA (GVA).

Cualquier otra documentación que permita la valoración de su solicitud.

DÓNDE PRESENTARLO

• Telemáticamente: en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig a través de este trámite.
• Presencialmente: En la Oficina de Asistencia en Materia de Registro (CIVIC), sita en al Pl. Comunitat Valenciana, 1, con cita previa.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

1. Asistencia al Taller informativo (no obligatorio).
2. Presentación de solicitud y documentación para el informe de vulnerabilidad.
3. La documentación será estudiada por los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
4. Si la documentación está correcta, se emitirá el informe y se le avisará para su recogida personalmente por la persona solicitante, aportando su pasaporte.
5. Si la documentación no está completa o es necesaria alguna aclaración adicional, se procederá a citar a la persona solicitante por teléfono y/o por escrito; se realizará entrevista con el técnico y aportación de nueva documentación, en su caso.
6. Elaboración de informe y comunicación para su recogida personalmente por la persona solicitante, aportando su pasaporte.

EN CUALQUIER MOMENTO SE PODRÁ REALIZAR VISITA A DOMICILIO POR PARTE DEL TÉCNICO MUNICPAL PARA COMPROBAR LOS REQUISITOS DECLARADOS.

FUENTES JURÍDICAS O DOCUMENTALES

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
• Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
• Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.